LAS VULNERABILIDADES DEL SECTOR ELECTRICO Y DE LOS AVANCES EN INFRAESTRUCTURA

Por
ANGEL CASTAÑEDA MANRIQUE

El sector eléctrico se acaba de salvar de lo que hubiera podido ser una catástrofe institucional y sobre todo, un retroceso para la participación privada en este renglón de la economía.

En efecto, un comercializador de energía que fue suspendido del mercado eléctrico por no cumplir con las garantías requeridas para la operación en el mismo, interpuso una acción de tutela para buscar que a través de la vía judicial, no solo que no se aplicaran las reglas de comportamiento establecidas por el regulador (regulación de comportamiento), sino que además se le diera una oportunidad de volver a actuar en el mercado, sin haber cumplido con los compromisos de pago de la energía efectivamente utilizada.

Por encima de las evaluaciones de carácter jurídico que puedan hacerse respecto de la tutela, de sus alcances y en general, de los peligros que ésta tiene frente a la estabilidad de éste y de otros sectores, parece importante resaltar algunas lecciones que deberían llevar a los agentes a una reflexión de las vulnerabilidades implícitas del sector, y de como trabajar para cubrirlas.

En ese sentido, en primer lugar, es claro que el fenómeno de ese comercializador de energía, no lo afecta solamente a él y por tanto, el daño colateral de su caída, no puede limitarse a la conclusión simplista de que es un caso aislado con efectos marginales.

En efecto, ese comercializador tenía suscritos varios de los más importantes contratos con la demanda no regulada, la cual no solo evidenció la fragilidad de los contratos del sector eléctrico, sino que además evidenció la facilidad como sus instrumentos de cobertura se iban al suelo; algunos de estos usuarios tuvieron que recurrir a otros comercializadores con generación propia, pactando precios muy superiores a los que originalmente tenía; otros se encuentran discutiendo las facturas que ese comercializador envió, modificando el precio del contrato y trasladando el riesgo de bolsa y otros incluso, tuvieron que pagar por un derecho que ya tenían de escoger el prestador del servicio.

Recuperar la confianza de esos usuarios no regulados, que mueven una cantidad importante de la energía del país, no será fácil y de hecho, se pudo haber perdido una aliado del modelo.
Un segundo punto de reflexión tiene que ver con los otros agentes que siguieron la suerte de ese comercializador incumplido, sin que fueran responsables de los mismos; en este sentido, pareciera importante ver la experiencia que el mundo entero ha tenido con la crisis financiera, y con los "sapos" que el mundo capitalista tuvo que tragarse, para poder concluir que hay ocasiones donde es preferible salvar a un agente, antes de que se quiebre y se caigan otras fichas de dominó, que hacen que el problema tenga efectos colaterales geométricos. Vale la pena preguntarse si el sector debió ver objetivamente el problema y proponer soluciones creativas que permitieran el pago de las deudas, y la reducción de los efectos al mínimo posible.

Un tercer punto de reflexión, tiene que ver con la actuación de la SSPD, y de manera general, con el sistema de intervenciones para las SSPD; en este caso en particular, la SSPD decidió no intervenir al comercializador, por considerar que no había forma de salvarla, olvidando que el objetivo de la intervención en un mercado como el MEM, no está únicamente asociado a salvar la empresa, sino a mantener un orden en el mercado. La intervención oportuna de la SSPD hubiera contribuido por lo menos a no dejar los contratos de compra que tenía suscritos el comercializador en el limbo, y por lo menos a disminuir los riesgos a los que se expuso la demanda. Es claro que la experiencia acumulada de la SSPD en intervenciones como la de EMCALI y otras, le han enseñado que las intervenciones son una fuente de problemas, para los cuales la estructura institucional actual, no tiene la capacidad de una reacción adecuada. En ese sentido, habría que pensar en soluciones que permitan que este mecanismo de intervención funcione o que por lo menos, no sea algo con que los agentes cuenten.

Finalmente, y aunque parezca increíble, habría que reflexionar si el sector se ha ocupado de lo urgente y no ha trabajado en lo importante. El Congreso de la república aprobó la ley de Insolvencia Económica, excluyendo expresamente a las empresas de servicio público, dejando a los acreedores de éstas y a las empresas mismas, sin un instrumento valioso al cual se podría recurrir en momentos de crisis.

Según el decir de las personas involucradas, la exclusión se dio por una disputa de competencias que se dio entre el Supersociedades y la Superservicios de la época, que finalmente resultó nefasto. El sector de servicios públicos en general, debería mirar con más atención estos temas, tener un comportamiento más estratégico y no dejar que rencillas institucionales perjudiquen la posición de los agentes.

Estos puntos que son sin duda vulnerables, abren espacios para que se produzcan efectos como el de la tutela que intento ese comercializador incumplido, que actuó como león enjaulado, arañó, mordió y casi se escapa